Se le escapó al ministro de economía del actual gobierno conservador en una conversación off de record varios días antes de la modificación de la legislación laboral: “la reforma laboral que preparamos va a ser muy agresiva”. Se quedó corto. Entre otros efectos perniciosos uno llama la atención: la reforma laboral supone un rompimiento total de los delicados equilibrios de poder en las relaciones laborales entres trabajadores y empresarios, volcando casi todo el poder a favor de estos últimos.
Esta pérdida grande de terreno es muy negativa, ya que todos conocemos perfectamente lo que ha costado históricamente conseguir metro a metro derechos, una legislación laboral y social favorable, un poder de negociación colectiva que contrapesara al del empresario, una vida digna, etc.; desde el inicio de la Revolución Industrial
Además, la elevada tasa de paro actual no es justificación para eliminar derechos, es absolutamente falso que para generar empleo haya que precarizar al trabajador, o lo que es lo mismo, para que unos trabajen otros tienen que perder derechos. De hecho, durante los años finales de la década de los 80 la destrucción de empleo en nuestro país supuso, fundamentalmente por la reconversión industrial, elevar la tasa de paro hasta porcentajes de dos dígitos, y sin embargo, no se eliminaron derechos básicos ni se les otorgó al empresariado el poder absoluto en las relaciones laborales.
No negamos que existan empresarios que intentan compatibilizar la ganancia de beneficios con la satisfacción personal de sus trabajadores y con un compromiso sincero con el medioambiente, pero no son mayoría en España. A los que sean tiranos y explotadores le acaban de dar cobertura legal para imponer, acosar, amenazar u hostigar a sus trabajadores, cuando no, a usarlos y tirarlos antes de un año de forma gratuita.
Describimos seguidamente algunas de las medidas concretas adoptadas:
- Las empresas que quieran realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y por tanto acogerse a pagar la indemnización mínima (20 días por año trabajado con un máximo de un año) no necesitarán el visto bueno de la Autoridad Laboral. Si existe conflicto con los trabajadores, solo un juez podrá parar el expediente. No obstante, si los juzgados sociales están atascados, como pasa en la actualidad que se celebran los juicios con un retraso de dos años, en la práctica nadie va a tener capacidad de parar el ERE.
- Las causas que una empresa puede alegar para presentar un ERE se amplían. Las empresas podrán hacer despidos colectivos no solo si ya están en pérdidas, también si tienen una "disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos". Esto significa que si una empresa tiene beneficios durante nueve meses, aunque sean menores, puede legalmente realizar despidos colectivos.
- La reforma laboral allana el camino de los despidos colectivos en el sector público tanto como en el privado. Y no solo lo hace para quienes trabajan en las empresas públicas, sino también para el personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. Cuando los “entes, organismos y entidades que forman parte del sector público” aduzcan nueve meses de “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, podrán poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral les de el visto bueno. Esto permite hacer de forma totalmente legal, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Sevilla no aporte sus obligatorias transferencias municipales durante nueves meses a Tussam, provocándole una insuficiencia presupuestaria sobrevenida. Y que esta insuficiencia presupuestaria sobrevenida sea causa legal para que Tussam plantee un despido colectivo de 200 trabajadores con el reducido coste de 500.000 euros.
No estamos ante una simple reforma laboral sino ante una contrarreforma social cuyo objetivo es el desmantelamiento del Estado del Bienestar y las bases de consenso que permitieron equilibrar las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. Estamos ante la implantación por decreto de una determinada ideología que culpabiliza a los propios trabajadores de su situación laboral, castigándoles, como malos alumnos, con la sustracción de sus derechos, mientras las verdaderas causas de esta situación hay que buscarlas en esos entramados financieros que especulan sostenidos por una ideología ultraconservadora que profundiza en las desigualdades sociales.
Para aquellas voces sumisas que dicen que las movilizaciones no son necesarias, para esos individuos que preconizan el fracaso del movimiento obrero ante este ataque, para los que solo admiten la derrota y no luchan por sus derechos, debemos dar unidos una respuesta que haga retroceder a la poderosa maquinaria empresarial y mediática del país, y a un gobierno que ha mentido a los ciudadanos abaratando el despido, cuando manifestó en su campaña electoral que no lo iba a hacer.
UGT y CCOO, de manera unitaria, hemos convocado una MANIFESTACIÓN para el
próximo domingo día 19 de Febrero de 2012 cuya salida será desde Puerta Jerez
{Sevilla} a ias 12 horas
