El pasado mes de abril los cuatro sindicatos con
representación en el Comité de Empresa repartieron un escrito instando a todos
los trabajadores a votar SI al preacuerdo de Convenio Colectivo y al Plan de
Viabilidad. Vamos a recordar algunos de los argumentos que ofrecían de manera
insistente para convencer a la plantilla:
“El mantenimiento del carácter publico,
del empleo y las condiciones laborales y sociales están garantizados con este
preacuerdo, (…), dotándonos de herramientas que nos permitirán por un lado eludir
los ataques que seguro continuaran llegando por parte de los poderes políticos (…).”
“Estamos convencidos de que este
preacuerdo nos dará a todos la estabilidad necesaria para afrontar el futuro
con mayores garantías (…).”
“Con
el SI podremos decidir y moldear el futuro de todos”. “Con el SI conoceremos el
camino que nos queda por recorrer”.
Todo
esto ha saltado por los aires con el tristemente famoso Real Decreto-ley
20/2012 y la Ley
2/2012 de Presupuestos General del Estado aprobados por el Gobierno conservador
de España. ¿De qué garantías, estabilidad, futuro, certezas, caminos conocidos
hablaban? Al final toda era retórica barata, fuegos artificiales para envolver
una claudicación sindical pancista sin precedentes, sin lucha alguna (el
preacuerdo de convenio contenía duros recortes salariales, pero suculentos
avances en disponibilidad de horas sindicales para los firmantes del mismo). No
podría ser otro el broche final del peor mandato de un Comité de Empresa que se
recuerda en la noche de los tiempos.
Por otra parte, desde UGT acusamos
al Gobierno conservador de tener un programa económico contrario a los
intereses generales de los ciudadanos. De adoptar medidas (apoyadas sin matices
por el nuevo presidente del PP andaluz) que conducen a la ruina a nuestro país y que
profundizan en la crisis, tal y como constatan los datos y las previsiones
macroeconómicas a la baja que ha vuelto a establecer el propio Gobierno. Y es
que la reducción y eliminación de todo lo público parece ser el único objetivo
que el Gobierno tiene claro. Un camino equivocado que nos conduce al precipicio
de la recesión, que será más prolongada, con mayor destrucción de empleo y
supondrá la ruptura de la cohesión social. Empobreciendo a la clase media no se
sale de ninguna crisis. Reduciendo las prestaciones por desempleo no se
incentiva la búsqueda de empleo, como mantiene la doctrina económica liberal,
porque los millones de personas paradas no son vagos que rechazan constantemente las ofertas de trabajo que llegan a casa.
Entre los poquísimos beneficiados los empresarios, con
una reforma laboral que ha supuesto un rompimiento total de los delicados
equilibrios de poder en las relaciones laborales entres trabajadores y
empresarios, volcando casi todo el poder a favor de estos últimos. Dándose en
la práctica una preocupante generalización de los chantajes, abusos, amenazas, acosos
e injusticias legales contra indefensos trabajadores, y con frecuencia de forma
independiente de la evolución de los resultados económicos de la empresa.
El pasado 25 de julio se celebró una cumbre social en
Madrid convocada por UGT y CCOO, con cerca de 200 colectivos (CGT, Asociación
de Jueces para la
Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Sindicato de
Técnicos del Ministerio de Hacienda, Ecologista en Acción, FACUA, CEAPA, etc.),
acordándose una Declaración que muy resumidamente propone lo siguiente:
EL 15 DE SEPTIEMBRE CENTENARES DE MILES DE CIUDADANOS
Y CIUDADANAS MARCHARÁN A MADRID DESDE TODOS LOS RINCONES DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA
PARA DECIR NO A TANTA INJUSTICIA. De inmediato emplazaremos al Gobierno
a que no prolongue ni profundice una política tan ineficaz como injusta y
convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas
aprobadas. Si no lo hiciera, seremos las organizaciones de la Cumbre Social las
que llevemos a cabo la convocatoria de una CONSULTA POPULAR y con el
resultado de la misma actuar en consecuencia.
